El pasado día 15 de marzo de 2017 tuvimos la ocasión de acudir al Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza para celebrar el Día Mundial del Consumidor, acto organizado por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, y que reunió a representantes de diversas asociaciones de consumidores y usuarios de Aragón (AACCUU), estudiantes universitarios, abogados, jueces y consumidores interesados.
Un día de celebración para la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto Cosculluela, por el gran avance que en los últimos años ha experimentado la tutela de los consumidores, movido en parte, por los numerosos casos de abusos que bancos, empresas de telecomunicaciones o de suministros básicos, han venido protagonizando. Destacando, también, ese nuevo consumidor consciente de que cuando consume, transmite unos valores en una sociedad globalizada e invitando al consumo de proximidad como agente dinamizador de la economía local. En este acto de apertura también participó el decano de la Facultad de Derecho, Javier López Sánchez.
El hecho de que se eligiera la Universidad de Zaragoza como lugar de conmemoración de esta fecha, el Día Mundial del Consumidor y los 10 años ya de la Ley 16/2006 de Consumidores y Usuarios de Aragón, sirvió también de homenaje a todos los que, desde esta institución, han dedicado parte de su faceta profesional a labores diversas relacionadas con la protección del consumidor, bien participando en la elaboración de importantes normas como el profesor Ignacio Quintana Carlo, o bien, ostentando el cargo de Directores Generales de Consumo en Aragón (por ejemplo, Florencio García Madrigal o Ángel Luis Monge Gil), o transmitiendo conocimientos o investigando , como otros tantos profesores, para dar luz a los problemas jurídicos que han ido surgiendo relacionados con la protección a los consumidores.
¿Qué se ha hecho a lo largo de los años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza en materia de consumo?
La profesora titular de Derecho Civil de UNIZAR, Teresa Alonso Pérez, presentó a Aragón como un referente en materia de Consumo.
El pistoletazo de salida consumerista lo encontramos en 1984 con el síndrome de la colza si bien la primera ley aragonesa de Consumo no entró en vigor hasta 1996. Trece años de desfase que tiene su explicación en la tramitación y complejidad de conformar el Estatuto de Autonomía de Aragón. En ese periodo intermedio se regulaba la protección del consumidor en la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón.
Entre 1984 y 1996 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza se hace una labor muy importante para estudiar el Derecho de Consumo abordándose científicamente y de manera multidisciplinar: derecho administrativo, derecho penal, derecho mercantil, derecho procesal y derecho civil.
Se celebran 2 congresos en Zaragoza sobre Derecho de Consumo (1990 y 1993) a los que asisten los más importantes catedráticos y expertos nacionales e internacionales en la materia.
La labor de la investigación científica es de gran valor durante esta época. Se escriben un buen número de monografías, artículos doctrinales, tesis doctorales…
La conclusión al analizar la evolución del estudio de esta especialidad en esta Universidad no permite celebraciones. Se impartía en la Facultad de Derecho de Zaragoza la licenciatura según el Plan de estudios de 1953 donde no había cabida para el Derecho de Consumo más allá de algún que otro apunte por parte de profesores interesados en estos estudios aunque ellos sí iban investigando sobre ello. Posteriormente con la instauración del Plan de estudios de 2000 se daba la oportunidad de estudiar una asignatura optativa de Derecho de Consumo con gran éxito de alumnos y sin perder su carácter multidisciplinar.
Es cierto que se impartió un Título Propio para obtener el diploma en Asesoría Jurídica en Consumo en 2 ediciones, además de una programación formativa en Derecho de Consumo para titulados universitarios recientes en situación de desempleo y estudiantes del último curso. en el marco general del Plan Formación para el Empleo de Aragón, a través de la Universidad de Zaragoza (Universia) y el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
Sin embargo, con el Plan Bolonia vuelve a desaparecer el Derecho de Consumo de las aulas de la Facultad aunque varios profesores siguen impartiendo nociones en sus clases de derecho civil (obligaciones y contratos) y mercantil.
La profesora Alonso resaltó la importancia de que los profesores universitarios expertos en esta disciplina tengan contacto con la realidad extraacadémica por lo que varios de ellos imparten además cursos en AACCUU, colaboran con otras Administraciones Públicas y ejercen la función árbitros de consumo.
¿El Día Mundial del Consumidor que conmemoramos es para celebrarlo?
La profesora Alonso llamó a la prudencia. Estamos en un momento de cambio y hay que ser conscientes de los riesgos que tiene el Derecho de Consumo como una respuesta jurídica porque hace tambalear los cimientos más básicos del derecho civil, mercantil y procesal, y esto no resulta sencillo. El Derecho sirve a la sociedad y el Derecho de Consumo cambia las estructuras tradicionales de la sociedad.
No es una moda pasajera y esto no va a cambiar. Hay que adaptar la norma a esta nueva realidad donde el consumo es masivo y los consumidores piden protección en entornos hasta ahora desconocidos.
Para ilustrar este pensamiento, puso 2 ejemplos de ruptura de los mecanismos de protección al consumidor:
- La información precontractual que sólo es eficaz si condiciona la decisión de compra y si viene inmersa en unos términos y condiciones generales que nadie lee y todo el mundo acepta, se produce una desprotección ya esta circunstancia sí es aprovechada por el empresario siendo anulada la posibilidad de alegar vicio en el consentimiento.
- El derecho de desistimiento que rompe con el esquema tradicional de que el contrato es ley entre las partes al permitir a una de ellas dejarlo sin efecto durante un período de tiempo. Este derecho es tan revolucionario para la teoría clásica de los contratos que el legislador en Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU) no se atreve a generalizarlo y no es con carácter general (sólo cuando así lo determine la ley o el contrato). Además, este mecanismos se ha convertido en una poderosa arma de marketing comercial por lo que determinadas empresas (recordemos el “si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero”) están utilizando esta estrategia otorgando un derecho aparente al consumidor siendo muy difícil su oposición y su uso para pequeños comercios. El empresario tiene el convencimiento de que va a ser más difícil que el consumidor devuelva el producto cuando ya se lo ha llevado que instarle a un periodo de reflexión previo a la compra.
La profesora Alonso terminó su intervención resaltando la necesidad de una buena educación del consumidor para que sus decisiones de compra sean verdaderamente libres y conscientes y evitar el problema del sobreendeudamiento cuya solución pasa por romper otro de los pilares clásicos del derecho civil como es el artículo 1911 del Código Civil y la responsabilidad del deudor con su patrimonio presente y futuro.
10 años de la aprobación de Ley 16/2006, de 28 diciembre de Consumidores y Usuarios de Aragón
En una ponencia leída en su nombre al no poder asistir al evento, el profesor y catedrático de Derecho Mercantil, Ignacio Quintana Carlo, hizo un recorrido por la evolución normativa de la protección del consumidor en Aragón comenzando por la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón en cuyo artículo 1 se dice lo siguiente:
”La presente Ley tiene por objeto regular la actividad comercial, establecer las medidas necesarias para la reforma y modernización de las estructuras comerciales y determinar el régimen jurídico de las grandes superficies de venta y de diversas modalidades de ventas especiales, desarrollando simultáneamente el principio constitucional de protección y defensa de los consumidores y usuarios.”
Esta ley fue derogada y sustituida por la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón
En 1997 se aprueba además, la Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del consumidor y usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón siendo superada por la actualmente vigente Ley 16/2006, de 28 diciembre de Consumidores y Usuarios de Aragón.
Destacó el profesor Quintana que, lamentablemente, se abandona el término “estatuto” y recordó que con este término nos referimos al régimen jurídico que determina la condición de una determinada persona, en este caso, de consumidor, situándolo en otro nivel más apropiado. Además se reconocen normativamente en nuestra comunidad otros derechos del consumidor, no sólo los económicos (que ya se reconocían en la legislación sobre comercio anteriormente citada) sino todos los demás: salud y seguridad, educación, participación, etc…
Continuó la jornada el profesor de Derecho Mercantil, Ángel Luis Monge Gil, experto en Derecho de Consumo, además de actual Vicedecano Primero y de Infraestructuras, servicios, planificación económica y relaciones institucionales de esta Facultad, analizando este X Aniversario que permite ya hacer balance para ver qué efectos y cómo han cambiado las cosas desde la aprobación de esta ley de Consumo de Aragón.
Compartió la tesis de transversalidad del Derecho de Consumo, incluso más allá de las aulas, en su vertiente institucional, dudando sobre el lugar donde situar las políticas de Consumo en el organigrama competencial autonómico: educación, industria, comercio, sanidad…
¿Qué le interesa más al consumidor: la desaparición de las Diputaciones Provinciales o entender el recibo de la luz?
También hizo un repaso a la evolución normativa de protección al consumidor en Aragón de la que él también fue participe activo. La ley del 97, nos contó, era muy buena pero había que adaptarla por imperativo comunitario para incluir la regulación, entre otras materias, de la sociedad de la información.
Fue la primera normativa autonómica en regular la sociedad de la información. Comprar por internet tendría que ser lo mismo que comprar en la tienda de la esquina.
¿Y qué opina el profesor Monge de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios?
Por otro lado, respecto a su opinión sobre la situación actual de las AACCUU consideró que ahora se parecen más a despachos de abogados que a una verdadera Asociación y les invitó a estar más presentes en Europa ya que las cuestiones de Consumo suceden, primero en Europa, luego en el Estado (competencia en la regulación en civil, mercantil y procesal), después en las comunidades autónomas (con competencia en la protección de los consumidores) y por último, en el ámbito municipal.
Abogó, como ya instó en su faceta de Director General de Consumo, por la fusión de AACCUU para ser más fuertes y establecer una especialización por materias. No tienen que atender todas todo tipo de reclamaciones sino se ha demostrado que, especializándose cada una en una materia (telecomunicaciones, vivienda, … ), se presta mejor servicio. Fue una época en la que se podía llegar a acuerdos, rememoró, con asociaciones empresariales (por ejemplo, de constructores) para elaborar contratos libres de condiciones abusivas en coordinación con el departamento de vivienda… a modo de ejemplo. Si bien señaló que, la realidad presupuestaria actual es lamentablemente mucho peor que en épocas anteriores así que era consciente de las actuales dificultades.
Otras cuestiones de las que fue impulsor y de las que se siente más orgulloso:
- El arbitraje de consumo, encumbrándolo en norma y blasón del derecho de consumo en Aragón. Más de 2500 empresas llegaron a adherirse siendo un hito destacable. Además señaló a la mediación como sistema de resolución extrajudicial de conflictos básica. Se iniciaron campañas para informar a empresarios sobre las bondades del arbitraje de consumo, haciendo hincapié en que las resoluciones están al 50% a favor del consumidor y 50% a favor del empresario, a pesar de la desconfianza que generaba el sistema a estos últimos.
- La extensión a todos los sectores la obligación de tener una hoja de reclamaciones oficial.
- La labor de la inspección de consumo para detectar productos y servicios defectuosos que fue y es elemental.
Para terminar y prendiendo la chispa para el posterior debate entre los asistentes, defendió la idea de que, a propósito de las cláusulas suelo, no hay que confundir cláusulas abusivas con cláusulas injustas, y que, si hay una cláusula reconocida por ley y es injusta, lo que hay que hacer es cambiar la ley y no declararla abusiva. Además puso sobre la mesa la labor de los notarios en la contratación de préstamos hipotecarios dejando claro que su función está bien regulada en el artículo 89 del TRLGDCU (entre otras normas) sin dejar de atribuirles cierta responsabilidad en algún caso del ya problemático asunto de la contratación hipotecaria.
Trayectoria y actualidad judicial en materia de Consumo
Para hablar sobre este tema contamos con la presencia del ya exjuez Decano de Zaragoza, Ángel Dolado Pérez, muy cercano al Derecho de Consumo desde 1998.
Los ciudadanos estamos de enhorabuena. Ha habido una revolución en el ámbito procesal y ya no valen nuestras normas tradicionales.
El origen del asalto al cielo de los consumidores y que se apuntó por varios ponentes, lo sitúa en la valiente labor del magistrado Fernández Seijo y del abogado Dionisio Moreno (Caso Aziz). Resaltó también el papel de las AACCUU y de los abogados de oficio para defender a los consumidores.
Sin embargo, el juez Dolado criticó que la falta de medios y la previsión de aumento exponencial de casos judicializados referidos a cláusulas suelo, gastos de formalización, IRPH, multidivisas etc… traerá problemas a pesar de los refuerzos anunciados sobre todo a partir del 1 de junio (cuando se cumple el periodo establecido para la resolución extrajudicial regulada en el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo).
En 2016 se tramitaron 300 juicios ordinarios, frente al número creciente de 600 sólo en los primeros meses de 2017.
Haciendo también autocrítica, reconoció el profundo desconocimiento del Derecho comunitario en los jueces españoles. Situación que poco a poco va cambiando. También criticó la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo que alguno de sus compañeros aplicaba como si fueran de obligado cumplimento (el caso de la STS de 9 de mayo de 2013 ) cuando no es así, al contrario que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además avanzó la futura reforma de la normativa hipotecaria que tiene su origen en la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y que ya lleva un año de retraso siendo su principal objetivo incrementar la protección del hipotecado además de fomentar el préstamo responsable.
Para el juez Dolado, todas las reformas en materia de consumo deberían ir impregnadas de los principios de transparencia y publicidad (consultas y audiencias públicas…) y del seguimiento de una guía de impacto normativo.
En este marco ¿cuál es el papel de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios?
José Ángel Olivan García, actual presidente del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios y presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), gran protagonista también de la historia consumerista aragonesa, intervino en la jornada moderando una de las mesas, y puso el énfasis en la precaria situación económica que viven las AACCUU en Aragón criticando la política presupuestaria del Gobierno de Aragón en los últimos años y así lo demuestran los datos. Según los presupuestos, se dedican a la protección de los consumidores en Aragón menos de 2€ por ciudadano y si hacemos una comparativa desde 2006 hasta hoy se puede ver que mientras el presupuesto general de la comunidad autónoma ha crecido un 3%, las partidas destinadas a Consumo se han reducido un 21%.
Como consecuencia de este descenso de recursos, algunas AACCUU desaparecerán, peligra la labor inspectora, la labor de información y asesoramiento del personal de las OMICS y la falta de formación de especialistas.
A pesar de que la normativa de consumo ha conseguido grandes hitos para enfrentarse a los pequeños empresarios señaló que para los grandes es todavía insuficiente como se ve al analizar los ingentes casos de abusos que hay en relación a los suministros básicos, telecomunicaciones, bancos,… Tratan a los consumidores como menores de edad como si les fuese imposible entender lo que firman, manifiestó Oliván.
Las AACCUU deberían agruparse para hacer presión a estas grandes empresas porque las Administraciones Públicas no pueden hacerlo ya que deben permanecer neutrales pero, si se quiere que se cumpla el artículo 51 de la Constitución Española, tienen que tener más capacidad de acción.
Para Ana Mª Solanas Forcada de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (AICAR-ADICAE), que moderó la otra mesa, la educación del consumidor es clave para poder defender sus derechos. Sólo se reclama lo que se conoce. Esto también es fundamental en el ámbito universitario, en colectivos de especial protección (mayores y menores)…
Para esta labor su Asociación ha impulsado numerosos proyectos educativos además de servir de acogida a numerosos estudiantes del grado de Derecho para realizar el Practicum con ellos.
Clausura de la jornada
Pablo Martínez Royo, actual Director General de Protección de Consumidores y Usuarios, cerró la jornada junto con el que fue Director General de Consumo (1999-2003), Florencio García Madrigal y actual Vicepresidente 1º de las Cortes de Aragón, con una intervención final para hablarnos del Consumo desde el punto de vista de la Sociología. Recordó que el concepto de consumo del que hablamos actualmente se introdujo en España desde sociedades más avanzadas y libres que la nuestra, relacionándose con la idea de democracia y libertad.
Señaló también la importancia de ubicar las políticas de protección al consumidor en un departamento o en otro del Gobierno de Aragón, desde una mayor cercanía al comercio, primero, luego a la salud y ahora en el marco de la ciudadanía y los servicios sociales.
Muy interesantes fueron los ejemplos que puso de hitos en la defensa de los consumidores que tuvieron lugar durante su labor como Director y así nos habló del caso Opening (con miles de alumnos atrapados en créditos bancarios tras el cierre de las academias de inglés), el período de transición al euro y la obligación de pagar con el importe exacto en los autobuses urbanos, la obligación de disponer de hojas de reclamaciones en el sector sanitario privado y el sistema de reclamaciones express durante la celebración de la Expo Zaragoza 2008.
Terminó hablando del nuevo consumidor preocupado por la huella ecológica y los nuevos hábitos de consumo responsable y el consumo como un universal cultural.
Mis conclusiones
Un gran acierto el celebrar esta jornada del Día Mundial del Consumidor 2017, en la que fue mi facultad. El reencuentro con profesores, amigos y compañeros y el espíritu que impregnan este tipo de eventos y celebraciones, permiten seguir aprendiendo y defendiendo esta disciplina académica, reivindicando una mayor presencia en los estudios universitarios y apoyando su valor como salida profesional.
Un artículo de Sonsoles Valero Barceló
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Sonsoles Valero Barceló. El Día Mundial del Consumidor en la Facultad de Derecho de Zaragoza [online]. Juristas con Futuro. 19/03/2017. https://www.juristasconfuturo.com/formacion-regulacion/el-dia-mundial-del-consumidor-en-la-facultad-de-derecho-de-zaragoza/. Consulta: [indicar la fecha en que has consultado el artículo]
