La ciberdelincuencia está presente dentro del organigrama jurídico español. La expansión de las redes sociales y que nos encontremos en una sociedad que muchos expertos coinciden en bautizar como digital ha propiciado que los actos delictivos se trasladen a entornos tecnológicos. A su vez, esta situación está obligando a que las fuerzas de seguridad del Estado y la propia justicia estén tomando medidas dentro del contexto digital para hacer frente a los nuevos delincuentes que encuentran en los medios tecnológicos su entorno para actuar.
1) Adaptarse a los nuevos tiempos
En el año 2015 se acordó acometer importantes reformas tanto en el texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en el Código Penal para crear un contexto en el que la investigación tecnológica se pueda llevar a cabo con garantías. De esta manera, las normas, en la medida de lo posible, se adaptaron a los nuevos tiempos y las exigencias que traen para luchar contra la ciberdelincuencia. Estos pasos se dieron al mismo tiempo que se dieron en otros países. Esto es así porque el problema de la ciberdelincuencia trasciende del ámbito geográfico nacional para instalarse en el internacional.
2) Reto internacional
Hay que tener presente que una de las principales características que presenta la ciberdelincuencia es que sus prácticas delictivas se llevan a cabo en internet y pueden estar auspiciadas por redes que tienen la posibilidad de realizar sus acciones desde cualquier punto del mundo. En España el Gobierno lleva más de un lustro poniendo la lupa sobre la ciberdelincuencia. En el año 2013 diseñó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
3) Profesionales específicos
La Fiscalía General del Estado también apuesta porque se disponga una red de Fiscales de Criminalidad Informática para que un conjunto de profesionales pueda optimizar esfuerzos para luchar contra la Ciberdelincuencia. El Ministerio Público considera básico coordinar las actuaciones, una práctica que ya se está llevando a cabo a nivel europeo con la creación de unos grupos de trabajo que tienen como objeto perseguir los delitos que se cometan contra la propiedad intelectual e industrial.
4) Legislación singular
Uno de los principales retos tecnológicos que tiene la justicia para combatir de una manera efectiva contra la ciberdelincuencia pasa porque la legislación de leyes que la combatan vaya acompasada con el desarrollo digital que se están produciendo en la sociedad. De lo contrario, se corre el riesgo de que la ciberdelincuencia siempre vaya a ir un paso por delante de la justicia, con los riesgos que eso supone.
Sobre esta materia te recomendamos leer el artículo "Ciberdelitos y Redes Sociales" del experto abogado Ricardo Oliva publicado aquí.
5) Más convenios
Para atajar este asunto de una forma que resulte lo más eficaz y eficiente posible se están produciendo una gran cantidad de convenios a nivel internacional que precisamente centran sus esfuerzos en perseguir la ciberdelincuencia. Entidades como Europol se dedican a perseguir delitos informáticos y colabora con todos los estados miembros de la Unión Europea para crear un contexto en el que los ciberdelincuentes tengan difícil campar a sus anchas. El siguiente reto dentro de este ámbito pasa, según señalan varios expertos, en que se confeccione también un sistema jurídico a nivel internacional que dote de seguridad a los mecanismos encaminados a depurar responsabilidades por los delitos de ciberdelincuencia.
Como si de cualquier otro tipo de delito se tratara, los ciudadanos que sean víctimas de un ciberdelito no tienen que dudar un instante en el momento de acudir a la policía a denunciar los hechos para que los agentes puedan iniciar una investigación al respecto. Para ello, resulta importante que el denunciante aporte la mayor cantidad de información posible, lo que permitirá a la policía hacerse una composición de lugar que resultará lo más completa posible de lo que puede haber sucedido.
6) Nuevas formas de pago
Las novedades tecnológicas son analizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad para seguir el rastro de posibles prácticas que pueden conducir a la comisión de un delito. La aparición de formas de pago como novedosas como los bitcom o el modelo Western Union está implicando la aparición de estafas en las que muchos ciudadanos pierden dinero y luego encuentran problemas para recuperarlo. La justicia tiene el reto de crear un marco de legalidad en el que estas prácticas sean perseguidas y se depuren responsabilidades en favor del estafado y en contra del estafador.
7) Un problema en aumento
Los datos que obran en poder de la Fiscalía General del Estado ponen de manifiesto que la justicia se debe poner las pilas para luchar contra la ciberdelincuencia. Los delitos relacionados con esta práctica han aumentado casi un 50 por ciento en los últimos 4 años. El uso de los entornos digitales para cometer delitos de odio es uno de los más comunes, pero tampoco hay que olvidar a otros como los que tienen que ver con la mencionada estafa, la revelación de secretos o las mafias que se dedican a la pornografía infantil. Por eso, resulta indispensable que la justicia avance en medios tecnológicos que estrechen el paso a la ciberdelincuencia.
8) Agilizar trámites
Otro de los retos que debe afrontar el ámbito jurídico es el de amoldar los tiempos de la justicia a la investigación necesaria para esclarecer delitos tecnológicos. Esto se debe a que en muchas ocasiones las tecnologías de la información requieren investigaciones arduas que requieren de mucho tiempo de trabajo porque en varias ocasiones es necesario realizar informes periciales sobre contenidos digitales complejos. Tampoco hay que olvidar el escenario internacional en el que se sitúan muchos de estos delitos, una cuestión que viene auspiciada precisamente por el fenómeno digital de la ciberdelincuencia.
Tenemos informaciones que el Ministerio de Economía y Empresa, delegando a manos de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), han empezado el proceso de cambio del número de teléfono gratuito designado para los ciberataques. Es por ello que en breves el número de atención telefónico “Línea de Ayuda en Ciberseguridad” pasará a ser el 017, en vez del 900 116 117 que había sido designado hasta ahora para el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
Un artículo de Gonzalo Ruiz Utrilla
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Gonzalo Ruiz Utrilla. Los 8 retos tecnológicos del mundo jurídico ante la ciberdelincuencia [online]. Juristas con Futuro. 28/08/2018. https://www.juristasconfuturo.com/recursos/doctrina-juridica/los-8-retos-tecnologicos-del-mundo-juridico-ante-la-ciberdelincuencia/. Consulta: [indicar la fecha en que has consultado el artículo]
