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Seguridad Social

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El ya concluido siglo XX contempló el desarrollo, siquiera formal, de libertades y derechos sociales, reconocidos por cualquier constitución de cualquier país, independientemente del régimen político concreto y del estadio de desarrollo económico.

Así se fue configurando el llamado “estado del bienestar”, donde se supone que una parte sustancial del beneficio revierte en forma de prestaciones sociales. Éstas van desde la regulación de relaciones laborales, hasta la cobertura de necesidades familiares, riesgos o situaciones terminales, bien sustituyendo o complementando o bien compitiendo con la iniciativa privada de los asegurados profesionales.

Así, el modelo esquemático de gestión de la seguridad social admite múltiples variantes de contenido y forma, en especial tocante a la relación entre servicios y capacidad contributiva del sujeto o unidad familiar. Sociólogos, economistas, sindicalistas y políticos discuten desde sus puntos de vista y sus escolásticas el fundamento, concepto y alcance de las prestaciones sociales, para unos inversión, para otros redistribución, y para los más críticos freno del ahorro.

Sin embargo, la crisis económica que se dio durante dos décadas a partir de 1973 puso en el punto de mira la viabilidad de un sistema establecido en los países capitalistas desarrollados a favor de la bonanza de la posguerra. Hoy en día preocupa la pirámide demográfica, con muchos jubilados cada vez más longevos, sobre una base activa reducida, y la juvenil débil en número y poder económico.

Sea cual fuere la salida de la crisis institucional de los sistemas conocidos, en cualquier caso la noción de bienestar social parece un logro irreversible para el siglo XXI, a menos que la propia noción de sociedad sufra un cataclismo.

La expresión “seguridad social” fue utilizada por primera vez en los Estados Unidos, en su ley de Seguridad Social de 1935. En 1938, Nueva Zelanda hizo uso de ella para unificar diversos seguros sociales existentes en incorporar otras prestaciones sociales. En la denominada Carta del Atlántico, que vio la luz durante la II Guerra Mundial, volvió a hablarse de seguridad social. La Organización Internacional del Trabajo adoptó la expresión por considerar que resumía de forma sencilla y clara una de las aspiraciones más profundas y generales de los seres humanos de todas las partes del mundo.

La seguridad social puede definirse como la protección que el Estado proporciona a los ciudadanos en situaciones de necesidad motivadas por la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos, como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; también colocación en fondos de asistencia sanitaria y ayuda a las familias con hijos.

Una contemplación retrospectiva de lo que hoy se conoce como seguridad social permite afirmar que es la concepción moderna de la evolución de los seguros sociales sometidos a los principios fundamentales de universalidad y unidad. El primero se refiere, tanto al campo de aplicación (asistencia sanitaria, pensiones de vejez y supervivencia, prestaciones familiares, etc.), cuanto a las personas protegidas, que recomienda la extensión a toda la población. El principio de unidad buscaba una doble finalidad, la unificación institucional de los regímenes vigentes, en virtud de una exigencia de racionalización administrativa, y la uniformidad de las el prestaciones en nombre de la idea igualitaria de la protección social. Ambos principios fundamentales no han tenido el mismo nivel de desarrollo en los diferentes países, muy en especial el de unidad institucional.

En España está bastante desarrollado el principio de universalidad, que se recoge en el artículo 41 de la Constitución: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.”

Pero el desarrollo de las autonomías y las transferencias realizadas en materia sanitaria han rodó el principio de unidad institucional, con tantas entidades gestoras como autonomías a las que se les hará transferido la gestión. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales las competencias del Estado en Seguridad Social; los trabajadores y empresarios colaboran en la gestión de la Seguridad Social.

El campo de aplicación lo constituyen todos los españoles que residan y ejerzan normalmente al suelo y la renta del tobillo nacional: trabajadores por cuenta ajena; trabajadores por cuenta propia o autónomos; socios trabajadores de cooperativas; estudiantes y funcionarios públicos civiles y militares. La afiliación y cotización son obligatorias para las personas comprendidas en el campo de aplicación.

Las bases y tipos de cotización se establecen cada año en la ley de Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a la recaudación, la Tesorería General de la Seguridad Social es quien, como caja única del sistema de la Seguridad Social, realiza la gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva.

La acción protectora del sistema comprende:

  1. Asistencia sanitaria: maternidad, enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo.
  2. La recuperación profesional necesaria en los supuestos anteriores.
  3. Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal: maternidad; invalidez, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y las instancia; muerte y supervivencia.
  4. Prestaciones familiares por hijo a cargo, en sus modalidades contributivas y no contributivas.
  5. Prestaciones de servicios sociales en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad.

Las pensiones reconocidas se revalorizan al comienzo de cada año de acuerdo con el índice de precios al consumo previsto o para dicho año. Se establecen unas pensiones mínimas para cada clase de pensión y una máxima en cuya es cuantías se fijan en los Presupuestos Generales del Estado.

Historia de la Seguridad Social
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